La aparición de sospechas de delito (que no de indicios) en el seno de las actuaciones inspectoras está falta de una adecuada regulación legal e inmersa en una incertidumbre jurídica que afecta tanto a la Administración en su actuación (por carecer de las competencias necesarias para investigarlas) como al obligado tributario en su posición (por permanecer inactivo su derecho de defensa so pretexto del deber de colaboración). Esta obra aborda el cambio en la posición jurídica de la Administración (de policía fiscal a policía judicial de facto) y del obligado tributario (de inspeccionado a sospechoso) desde la aparición de las sospechas iniciales de delito, con la intención de buscar un adecuado equilibrio entre el deber de contribuir y los derechos fundamentales de los obligados tributarios. Se trata de garantizar que el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos se materialice únicamente “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE), para lo cual sería necesario habilitar legalmente a la Administración tributaria para que pueda investigar legítimamente hechos fiscales con trascendencia penal, pero activándose al mismo tiempo los derechos de defensa del obligado tributario.